Por Gisela Salomon y Elliot Spagat —The Associated Press
Este lunes inició el plazo para que cerca de 500,000 cónyuges de ciudadano estadounidenses obtengan estatus legal sin tener que salir primero del país. Pero para Karen y Xavier Chavarría, esto no fue motivo de festejo.
Como muchos otros, Karen abandonó Estados Unidos voluntariamente —en su caso, para Nicaragua— luego de vivir en el país sin documentos. Esto, con la intención de acumular suficiente tiempo fuera del país para poder volver a entrar nuevamente y reunirse con su esposo, Xavier, e iniciar su camino hacia la ciudadanía.
La medida del presidente demócrata, Joe Biden, que ofrece una alternativa para lograr esto sin salir primero del país durante un máximo de 10 años, es una de las órdenes presidenciales más significativas para faciliar la entrada de inmigrantes desde 2012, cuando el programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia permitió estancias temporales, pero renovables, para cientos de miles de personas que llegaron a Estados Unidos cuando eran pequeños con sus padres.
Para ser elegibles, los cónyuges deben haber vivido en Estados Unidos de forma continua durante 10 años para el 17 de junio de 2024, y deben estar casados para esa fecha. La Administración Biden estima que podrían beneficiarse 500,000 cónyuges, además de 50,000 hijastros de ciudadanos estadounidenses.
“Sin este proceso, cientos de miles de cónyuges de ciudadanos estadounidenses probablemente permanecerán en Estados Unidos sin estatus legal, lo que provocará que estas familias vivan con miedo e incertidumbre sobre su futuro”, dijo el lunes el Departamento de Seguridad Nacional (DHS en inglés) en un documento que detalla la política. Obligar a los cónyuges a abandonar el país “es perjudicial para el bienestar económico y emocional de las familias”.
Unos se sienten excluidos
Los cónyuges que no cumplen con las fechas prescritas y otros criterios de elegibilidad enfrentan una elección angustiosa: abandonar el país voluntariamente durante años para tener derecho a volver a ingresar, o permanecer en Estados Unidos sin estatus legal.
Karen Chavarría regresó a Nicaragua en 2017 y se presentó en un consulado estadounidense para una entrevista como parte de su petición para reunirse con su esposo en Estados Unidos. Cruzó la frontera desde México en 2002 y solicitó estatus legal después de casarse con Xavier, de 57 años, quien trabaja dando mantenimiento a edificios en Nueva York y vive en Garfield, Nueva Jersey. Tienen dos hijos, ambos ciudadanos estadounidenses.
Xavier viaja al menos dos veces al año para ver a Karen, de 41 años, y a su hijo de 12 años, que viven en Jinotega, al norte de la capital de Nicaragua, Managua. Xavier dijo que no puede vivir en el país Centroamericano porque no puede encontrar trabajo allí, carece de opciones de tratamiento para la diabetes y teme por su seguridad porque su familia ha estado en la oposición política allí durante años. Su hija de 20 años vive en Estados Unidos.
Karen se ha perdido importantes momentos familiares, incluida la graduación de la escuela secundaria y los cumpleaños de su hija. La oferta de la Administración Biden a los cónyuges que optaron por quedarse en Estados Unidos la llenó de desesperación.
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“Es algo por lo que hemos estado luchando y después de tanto esfuerzo, llegar hasta aquí sin darnos ninguna esperanza”, dijo mientras lloraba en una entrevista en video desde Nicaragua.
No está claro cuántos cónyuges abandonaron Estados Unidos voluntariamente, pero Eric Lee, un abogado de inmigración con oficinas en Michigan y California, dijo que la cifra es “enorme”. Los inmigrantes y los grupos de defensa han instado a la Casa Blanca a incluirlos (a los que salieron) en la nueva política.
“La única razón por la que se castiga a tantos es porque trataron de salir de la sombra, intentaron cumplir la ley”, dijo Lee.
DHS no respondió a preguntas sobre si las personas que abandonaron el país voluntariamente calificarían, y se limitó a decir que “podrían ser elegibles para continuar con su proceso en el extranjero”.
Los grupos que están a favor de las restricciones a la inmigración consideran que la política es demasiado generosa. La Federación para la Reforma de la Inmigración Estadounidense dijo el lunes que es un perjuicio para quienes esperan inmigrar legalmente y que Biden está “claramente apurado” por inscribir a las personas antes de dejar el cargo, lo que dificulta que un tribunal anule sus beneficios una vez que se otorgan.
El departamento dijo el lunes que el 64% de los beneficiarios potenciales son de México y el 20% son de Guatemala, Honduras y El Salvador. Se vuelven elegibles para permanecer en Estados Unidos durante tres años bajo la autoridad presidencial conocida como parole, por una tarifa de 580 dólares, que incluye la capacidad de solicitar autorización de trabajo, greencard y, eventualmente, la ciudadanía.
Las personas consideradas amenazas a la seguridad nacional o la seguridad pública, y las condenadas por lo que se consideran delitos graves, incluido conducir bajo la influencia del alcohol, son descalificadas, al igual que las personas que se determina que pertenecen a una pandilla.
Juan Enrique Sauceda, de 47 años, está esperando el momento oportuno en Piedras Negras, México, al otro lado de la frontera con Eagle Pass, Texas. Fue deportado en 2019 mientras estaba casado con una ciudadana estadounidense y solicitó reingresar. Su esposa y sus dos hijos viven en Houston.
“Quiero regresar a Estados Unidos porque crecí allí, tengo a mi esposa, a mis hijos, todo”, dijo Saucedo. “No encajo aquí”.