Por David Noriega — NBC News
Un grupo de inmigrantes indocumentados y sus familias quiere intervenir ante una corte federal para defender un nuevo programa de la Administración Biden de una demanda presentada por 16 estados liderados por republicanos.
El programa, bautizado por la Casa Blanca como Keeping Families Together (Mantener a las familias unidas), ofrece una forma de alivio legal conocida como parole in place a aproximadamente medio millón de cónyuges indocumentados de ciudadanos estadounidenses, permitiéndoles solicitar más fácilmente la residencia permanente y la ciudadanía. Los estados republicanos, encabezados por el fiscal general de Texas, Ken Paxton, presentaron el viernes una demanda para poner fin al programa.
En respuesta, seis inmigrantes indocumentados que pueden beneficiarse del programa, junto con sus cónyuges ciudadanos estadounidenses, presentaron el lunes una moción para unirse al Gobierno en la defensa del programa ante una corte federal.
“Me parece absurdo que Texas presente una demanda que literalmente separaría a mi familia”, dijo Foday Turay, uno de los inmigrantes que desean intervenir en el caso. Turay llegó a Estados Unidos de niño procedente de Sierra Leona, donde su familia escapó de una guerra civil. Ahora es abogado y trabaja como fiscal del distrito de Philadelphia. Está casado con una ciudadana estadounidense de Nueva Jersey, con la que tiene un hijo de un año.
“Llevo más de una década esperando un programa como éste”, agregó Turay. “Vivir en un país en el que llevas años pagando impuestos y, sin embargo, tener que enfrentarte al miedo constante de que te arranquen de tu familia y de tu comunidad, ¿cuándo va a acabar ese miedo?”.
Los inmigrantes indocumentados casados con ciudadanos estadounidenses pueden solicitar la legalización de su situación, pero normalmente tienen que salir primero del país, arriesgándose a una separación que puede durar años o incluso ser permanente. Por eso, muchos optan por seguir indocumentados. El programa parole in place les permite solicitar la green card y, en última instancia, la ciudadanía sin salir del país.
Los solicitantes deben demostrar que han vivido ininterrumpidamente en Estados Unidos durante 10 años y que estaban casados con un ciudadano estadounidense antes de que se anunciara el programa el 17 de junio. También deben pasar un control de antecedentes penales: los delitos graves son descalificantes, al igual que una serie de otros como la violencia doméstica y la mayoría de los relacionados con drogas.
Al anunciar su demanda, la oficina del fiscal general de Texas aseguró que parole in place “viola directamente las leyes creadas por el Congreso”.
“Bajo Joe Biden y Kamala Harris, el Gobierno federal está trabajando activamente para convertir a Estados Unidos en una nación sin fronteras y un país sin leyes”, aseveró Paxton en un comunicado. “Este [programa] viola la Constitución y empeora activamente el desastre de la inmigración ilegal que está perjudicando a Texas y a nuestro país”.
Los estados que demandan al Gobierno federal junto a Texas son Idaho, Alabama, Arkansas, Florida, Georgia, Iowa, Kansas, Louisiana, Missouri, Dakota del Norte, Ohio, Carolina del Sur, Dakota del Sur, Tennessee y Wyoming.
En la demanda cuentan con la asistencia de America First Legal, el grupo fundado por Stephen Miller, que fue asesor principal del entonces presidente Donald Trump y artífice de muchas de las políticas migratorias de su Administración.
“Es descaradamente ilegal, un acelerador mortal de la ruinosa invasión fronteriza, y usaremos todas las herramientas legales para detenerlo”, contó Miller, quien llamó al programa “amnistía ejecutiva”.
La demanda fue presentada en Tyler, una pequeña ciudad del este de Texas, en una división de los tribunales federales de distrito cuyos dos jueces fueron nombrados por Trump. El caso fue asignado al juez J. Campbell Barker.
Si Barker concede la moción para intervenir, los inmigrantes y sus asesores legales pasarán a participar directamente como demandados en la disputa. Mientras que el Gobierno federal defenderá el programa en nombre de sus propias agencias, los inmigrantes y sus abogados lo harán en base a sus intereses personales.
“Si no interviniéramos, el juez no tendría en cuenta las voces ni las experiencias de las personas que realmente se beneficiarían de Keeping Families Together”, dijo Esther Sung, directora jurídica del Justice Action Center, que representa a los inmigrantes junto con Make the Road New York.
Además de su efecto potencialmente transformador en las vidas de los inmigrantes y sus familias, parole in place podría tener un impacto en algunos votantes en las elecciones de noviembre. El grupo pro-inmigración FWD.us estima que aproximadamente 60,000 personas que cumplen los requisitos para acogerse al programa viven en estados indecisos; aunque no pueden votar, sus cónyuges ciudadanos sí.
Pero la demanda pone el programa en peligro inmediato. Texas y los demás estados piden a Barker que suspenda inmediatamente el programa mientras los tribunales estudian el caso.
Impacto en los estados
Para respaldar la demanda, los 16 fiscales generales republicanos afirman que parole in place causa daños irreparables a sus estados, principalmente argumentando que los inmigrantes indocumentados cuestan dinero en educación, sanidad y otros gastos, y que un programa como éste incentivará la futura inmigración no autorizada.
Sung, el abogado del Justice Action Center, comentó que el grupo tiene la intención de impugnar la afirmación de los estados de que sufrirán daños como consecuencia del programa. El grupo siguió con éxito una estrategia legal similar cuando intervino para defender un programa diferente de la Administración Biden que ofrece libertad condicional a ciertos inmigrantes de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela. En marzo, un juez designado por Trump desestimó una impugnación del programa presentada por Texas por motivos similares.
[El ‘parole in place’ puede cambiar la vida de muchos inmigrantes (y también las elecciones)]
La cuestión de si los inmigrantes indocumentados producen un costo o beneficio fiscal neto es controvertida, y los distintos analistas llegan a conclusiones diferentes que a menudo siguen líneas ideológicas.
Pero Turay afirma que él y los demás inmigrantes que califiquen a parole in place suelen ser contribuyentes bien establecidos en sus comunidades, dado el requisito del programa de que los solicitantes lleven 10 años viviendo en el país. La Casa Blanca calcula que los solicitantes han vivido en Estados Unidos un promedio de más de 20 años.
El propio Turay confía en gran medida en los recibos de impuestos para demostrar su residencia. “La mayoría de los solicitantes llevamos años pagando impuestos: hipotecas, salarios”, explicó. “Eso es lo que mostramos como prueba: Diez años de impuestos pagados”.